Puerto Rico — 26 de octubre de 2026.
El caso de William Noel Rivera Sánchez, el hombre de 45 años que se atribuyó en un video los asesinatos del abogado Luis A. Quiñones González y del empresario Félix Rafael Plaud de Choudens, suma nueva información judicial y declaraciones que ayudan a reconstruir la disputa económica previa a los hechos. Las dos víctimas murieron entre la noche del jueves 22 y el viernes 23 de octubre, según la información recopilada por las autoridades. Rivera fue encontrado sin vida el viernes en Santa Isabel; su muerte se investigó como un aparente suicidio.
LA SECUENCIA DE LOS HECHOS
Según la Policía, Plaud estaba la noche del jueves en un establecimiento de Guayama cuando recibió una llamada de Rivera. Un amigo declaró que lo vio salir y abordar el vehículo de este. Fue la última vez que el testigo lo vio con vida. El cuerpo de Plaud fue localizado el viernes en el barrio Borinquen de Guayama.
El viernes, cerca de las 10:45 de la mañana, Quiñones González fue atacado a tiros mientras conducía por la avenida Las Américas en Ponce, después de salir del tribunal. Su esposa, que viajaba delante de él, presenció parte del ataque y disparó hacia el agresor cuando este se retiraba, de acuerdo con la investigación policiaca. El abogado fue trasladado a un hospital, donde falleció. Ese mismo día circularon grabaciones en las que Rivera se atribuyó ambos asesinatos y afirmó que sus decisiones estaban relacionadas con dinero invertido en negocios de cannabis medicinal. Sus afirmaciones no sustituyen los hallazgos de la investigación.
EL ACUERDO DE $100,000 Y LOS $13,500 PENDIENTES
Una moción presentada por Rivera el 28 de septiembre de 2026, cuyo contenido fue reportado por El Nuevo Día, muestra que solicitó al Tribunal de San Juan una orden para cobrar $13,500 que, según su reclamación, faltaban de un acuerdo por $100,000 con Plaud. El arreglo contemplaba un pago inicial de $20,000 a finales de agosto de 2025 y pagos mensuales de $10,000. Rivera sostuvo que, después de varios abonos puntuales, comenzaron los atrasos y cesaron los depósitos regulares.
La moción identifica pagos posteriores de $7,500 en junio de 2026 y $4,000 el 4 de septiembre. Rivera pidió que el balance se pagara en un plazo de siete días. Esa suma era el monto que decía tener pendiente en ese acuerdo específico; no representa la totalidad de las reclamaciones planteadas en sus distintos casos.
UNA SEGUNDA DEMANDA POR $666,000
También existía otro litigio civil presentado el 25 de junio de 2026. En él, Rivera reclamaba $166,000 por cantidades que alegó haber invertido o desembolsado, además de $500,000 por daños emocionales y angustias mentales, para un total solicitado de $666,000. La controversia se relacionaba con un proyecto de dispensario de cannabis medicinal en Cupey y con una participación comercial de 24.5 % que Rivera alegaba haber acordado a cambio de una inversión inicial de $125,000.
El dinero reclamado por daños no equivale a una inversión efectivamente entregada, y la presentación de una demanda no demuestra por sí sola que los demandados incurrieran en fraude. Tampoco constaba una sentencia final que adjudicara esa reclamación al momento de los asesinatos.
NUEVA MIRADA A LOS EXPEDIENTES
Una investigación publicada este lunes por NotiCel describe al menos 16 pleitos civiles vinculados a Plaud durante los últimos cinco años, relacionados con distintas disputas comerciales y deudas. El medio informó, además, que registros del Departamento de Estado lo relacionaban con unas 24 corporaciones. Algunos litigios terminaron con resoluciones adversas, pero es incorrecto presentar todas las reclamaciones como delitos probados. Los expedientes civiles tienen partes, pruebas y desenlaces propios.
En otra novedad de este lunes, el juez Carlos Salgado Schwarz, expresidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, cuestionó en declaraciones recogidas por Metro Puerto Rico que se atribuyeran los asesinatos a una falla del sistema judicial. Señaló que se había recuperado gran parte de la suma pactada en el primer litigio y que el segundo todavía se encontraba en una etapa inicial, con trámites de emplazamiento pendientes. También advirtió que una inversión fallida o una deuda no constituyen por sí mismas prueba de un delito.
EL RELATO DE UN FAMILIAR
Prensa Abierta informó este 26 de octubre que un familiar de Rivera, entrevistado bajo anonimato, aseguró que allegados habían logrado comunicarse con él tras los hechos y que se contemplaba una entrega voluntaria a las autoridades. Es una versión atribuida al entrevistado, no una reconstrucción corroborada oficialmente por la Policía. El familiar reconoció que nada justificaba los asesinatos y expresó pesar por las familias afectadas.
¿QUÉ PASA AHORA CON LAS RECLAMACIONES?
La muerte de las personas involucradas no significa necesariamente que todas las controversias civiles desaparezcan. Especialistas consultados por El Nuevo Día explicaron que algunas obligaciones o reclamaciones podrían continuar mediante procesos sucesorales, sujetos a las normas aplicables y a decisiones judiciales. Eso no implica que los familiares deban pagar automáticamente una deuda con su patrimonio personal.
Las autoridades todavía deben completar el análisis de las armas y las demás evidencias para fijar con precisión la secuencia criminal. Las acusaciones económicas, las declaraciones de familiares y el contenido del video deben distinguirse de conclusiones forenses o determinaciones de un tribunal.
TRES FAMILIAS MARCADAS POR EL MISMO CASO
Detrás de los documentos, los números y la discusión pública permanecen tres familias que enfrentan pérdidas irreparables. Hay espacio para examinar si las reclamaciones recibieron atención adecuada y para cuestionar cuánto tarda un proceso civil; no lo hay para convertir una disputa de dinero en una justificación para matar.
La historia sigue abierta en sus dimensiones policiaca y civil. Lo responsable ahora es exigir claridad, seguir los documentos y escuchar a las autoridades sin adelantar veredictos donde todavía faltan pruebas.
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