La ofensiva civil: recuperar el dinero del pueblo El Departamento de Justicia de Puerto Rico radicó demandas contra más de 30 exfuncionarios con el objetivo de recuperar más de $30 millones en fondos públicos asociados a esquemas de corrupción previamente procesados en el foro federal.
Entre los demandados se encuentran: María Milagros Charbonier – exrepresentante. Félix Delgado – exalcalde de Cataño. Ángel Pérez – exalcalde de Guaynabo.
Todos ya fueron convictos en tribunal federal por distintos esquemas relacionados con soborno, fraude y corrupción pública. Estas demandas no son criminales — son civiles. El objetivo es claro: recuperar el dinero perdido, independientemente de las sentencias de cárcel ya impuestas. Caso separado: sentencia federal por esquema de multas de transportación En un proceso distinto, el 23 de febrero de 2026, el tribunal federal sentenció a Juan Carlos Cruz-Hernández a 24 meses de prisión. El caso estuvo vinculado a un esquema federal de soborno relacionado con multas y procesos de transportación en Puerto Rico.
Según documentos judiciales: Hubo manipulación indebida en procesos administrativos vinculados a multas. Se configuró un esquema de soborno bajo jurisdicción federal. El tribunal impuso prisión efectiva bajo el sistema federal (sin libertad condicional tradicional). Lo que esto significa Estamos viendo dos frentes simultáneos: Penal (federal): cárcel para quienes participaron en esquemas corruptos. Civil (local): intentos de recuperar dinero público perdido. Es un movimiento estratégico: no solo castigar, sino también recuperar fondos.
Aquí el mensaje es doble. Primero: La cárcel no es suficiente. El gobierno quiere el dinero de vuelta. Segundo: La corrupción en Puerto Rico ya no se queda solo en titulares. Está teniendo consecuencias judiciales reales, tanto en el foro federal como en el civil. ¿Se recuperarán los $30 millones completos? Eso dependerá de la capacidad de cobro, bienes embargables y decisiones judiciales futuras. Pero algo está claro: el tema corrupción sigue siendo una prioridad institucional en la isla.
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