WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en un expediente judicial que personal del FBI y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, no participará como monitor en los centros de votación durante las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El documento, presentado en un caso promovido por la NAACP y otros grupos, establece que los monitores federales asignados observarán los procedimientos y tomarán notas. No actuarán como agentes del orden durante esa labor, no podrán portar armas y deberán seguir las reglas estatales y locales, según reportó Reuters tras revisar la presentación judicial.
El operativo sí contempla personal de otras agencias federales, entre ellas la Oficina de Prisiones, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Administración para el Control de Drogas. El Departamento sostiene que esas personas fueron capacitadas para no interferir con la votación.
La NAACP ha alegado que una presencia federal amplia, especialmente de agentes policiales, podría intimidar a votantes. Esa es la posición de los demandantes y el litigio continúa; el nuevo documento no equivale a una sentencia que resuelva todas sus reclamaciones.
El Departamento de Justicia explica en su información pública que la División de Derechos Civiles utiliza abogados y personal para observar el cumplimiento de las leyes federales de votación. Los observadores deben registrar lo que presencian y mantener coordinación con los funcionarios electorales, sin administrar las elecciones locales.
Para los votantes, el cambio principal es concreto: ni FBI ni ICE estarán incluidos en el grupo que el Gobierno enviará a observar los comicios. La presencia de otras agencias sigue prevista y puede variar según la jurisdicción.
Cualquier denuncia de intimidación, discriminación o interferencia debe documentarse y comunicarse a las autoridades electorales locales o a la División de Derechos Civiles. La cobertura deberá seguir el expediente para conocer la lista final de lugares, el alcance del operativo y cualquier nueva orden judicial antes del 3 de noviembre.
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